Justicia ordena indemnización millonaria por muerte de interno sin atención médica en Concepción
Un fallo de alto impacto en materia de derechos humanos y responsabilidad estatal marcó la jornada judicial en la Región del Biobío. La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió revocar una sentencia previa y confirmó que el Fisco de Chile deberá pagar una indemnización superior a los 70 millones de pesos a la familia de un interno que murió tras no recibir atención médica adecuada mientras se encontraba bajo custodia del Estado.
Negligencia acreditada en atención de salud penitenciaria
El tribunal estableció que existieron falencias graves en la atención brindada por el hospital dependiente de Gendarmería de Chile, las que terminaron vulnerando los derechos fundamentales del recluso y derivaron en un desenlace fatal, de acuerdo a lo reseñado por ADN Radio.
Un cuadro clínico sin respuesta oportuna
De acuerdo con los antecedentes del proceso, el interno presentó un problema de salud mientras cumplía condena. Sin embargo, no recibió un diagnóstico certero ni un tratamiento oportuno, y tampoco hubo un seguimiento médico acorde a la gravedad del cuadro. Esta omisión fue clave para que la Corte concluyera que el Estado incumplió su deber de resguardo y cuidado.
Responsabilidad del Estado por omisión
Fallo revoca sentencia y confirma indemnización
La resolución judicial dejó sin efecto lo dictado previamente por el Segundo Juzgado Civil y reafirmó que la falta de atención médica adecuada configura una responsabilidad directa del Estado. El tribunal fue categórico al señalar que la negligencia en salud penitenciaria tuvo una incidencia determinante en la muerte del interno.
Reparación económica para la familia
Como medida de reparación, la Corte ordenó el pago de una indemnización por daño moral que supera los $70 millones. De ese total, $45 millones corresponden a la madre de la víctima, mientras que $30 millones fueron asignados a los abuelos.
El fallo refuerza el estándar de protección que debe garantizar el Estado a las personas privadas de libertad y vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de acceso a la salud dentro del sistema penitenciario.
