Aumento confirmado para el sector público en 2026: ley fija porcentajes, fechas y beneficios

El reajuste de sueldos para los trabajadores del Estado quedó definido tras la publicación de la Ley N° 21.806 en el Diario Oficial. La norma establece un incremento gradual de las remuneraciones durante el primer semestre de 2026 y ratifica la continuidad de beneficios laborales asociados al acuerdo alcanzado.

Qué cambia con la nueva ley

La legislación responde a la necesidad de actualizar los ingresos del sector público frente a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Para ello, fija un mecanismo de aplicación escalonada que permite completar el aumento total en dos momentos del año.

Calendario del reajuste salarial

Dos etapas para completar el alza

De acuerdo con lo informado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el reajuste total será de 3,4%, distribuido de la siguiente forma:

• Primer tramo: aumento del 2% con efecto retroactivo desde diciembre de 2025.

• Segundo tramo: incremento adicional del 1,4% a contar de junio de 2026.

Con estos dos ajustes se alcanza el porcentaje total comprometido por la ley.

Beneficios que se mantienen vigentes

Además del aumento de sueldos, la Ley 21.806 asegura el pago de beneficios para los funcionarios públicos. Entre ellos se incluye el Bono de Término de Conflicto, parte del acuerdo que acompaña el reajuste salarial y que busca entregar mayor estabilidad a los trabajadores.

Teletrabajo: revisión a mediano plazo

La normativa también aborda la modalidad de teletrabajo en las instituciones del Estado. Según lo establecido, este sistema será evaluado nuevamente en marzo de 2027, por lo que no habrá cambios en el corto plazo respecto a las condiciones actuales.

Qué deben saber los trabajadores

Con la ley ya en vigencia, los funcionarios públicos cuentan con un marco claro sobre cuánto subirán sus sueldos, cuándo se aplicará cada tramo del reajuste y qué beneficios se mantienen durante 2026. El acuerdo entrega previsibilidad y busca amortiguar el impacto económico del alza de precios en los ingresos del sector público.