Corredores de las rutas 150 y 160 seguirán adelante: MOP asumirá directamente millonario proyecto en el Gran Concepción
Los esperados corredores de transporte público de las rutas 150 y 160 finalmente continuarán adelante, aunque bajo un esquema distinto al contemplado originalmente. El Gobierno resolvió que las obras sean asumidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, dejando atrás el modelo de concesión privada que se había proyectado inicialmente.
Estado asumirá financiamiento y supervisión de los corredores
El principal cambio consiste en que la infraestructura dejará de ejecutarse mediante una concesión y pasará a convertirse en una obra pública financiada directamente con recursos fiscales.
La planificación inicial consideraba que una empresa privada aportara el capital necesario para construir los corredores. Posteriormente, el Estado devolvería esa inversión mediante aportes fiscales distribuidos en el tiempo, sin aplicar cobros mediante TAG a los usuarios del transporte público.
Además, la concesionaria debía encargarse de mantener la infraestructura durante los siguientes 25 años.
Con la nueva modalidad, serán los recursos destinados al MOP en la Región del Biobío los que financiarán el proyecto. El presupuesto regional de la cartera supera los US$3.000 millones, de acuerdo con lo informado por el biministro Louis de Grange.
Gobierno proyecta una reducción en el costo de las obras
De Grange explicó que los equipos técnicos de la Dirección de Vialidad estarán a cargo del desarrollo de la infraestructura, utilizando una modalidad que comparó con la empleada para el Puente Chacao.
La autoridad justificó la modificación señalando que “Tenemos que ser tremendamente responsables cuando usamos los recursos de todos los chilenos de la mejor forma posible, y eso es básicamente lo que justifica este cambio en la modalidad de financiamiento”.
El proyecto original contemplaba una inversión público-privada cercana a los US$400 millones.
Según explicó posteriormente el secretario de Estado a El Mercurio, ejecutar las obras bajo el nuevo mecanismo podría reducir ese costo entre un 10% y un 40%.
Aún falta definir cómo se ejecutará la construcción
Aunque Vialidad encabezará el proyecto, todavía no se ha determinado si la propia repartición asumirá íntegramente su ejecución o si se convocará a una licitación para construir la infraestructura.
Un esquema posible sería similar al utilizado en el Puente Chacao, donde el Estado financió directamente la iniciativa, pero la construcción fue adjudicada mediante una licitación internacional al consorcio Hyundai.
Corredores sumarán cerca de 23,5 kilómetros
La iniciativa considera intervenir dos de las principales rutas utilizadas diariamente en el Gran Concepción.
En conjunto, ambos proyectos incorporarán aproximadamente 23,5 kilómetros de nueva infraestructura destinada prioritariamente al transporte público.
Ruta 160 tendrá 14,2 kilómetros de corredor
El tramo correspondiente a la Ruta 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel, tendrá una extensión aproximada de 14,2 kilómetros.
El diseño considera una vía bidireccional exclusiva para buses ubicada en el centro de la carretera.
También contempla 29 paraderos, tres pasos desnivelados, ciclovías y veredas, además de otras intervenciones destinadas a mejorar la circulación.
Ruta 150 conectará Concepción y Talcahuano
El corredor proyectado para la Ruta 150 tendrá aproximadamente 9,3 kilómetros destinados al transporte público.
Las obras incluyen pasos desnivelados, nuevos enlaces e infraestructura para ciclistas entre sectores de Concepción, Talcahuano, Penco y Hualpén.
Pese al cambio en el modelo de financiamiento, el Gobierno aseguró que el diseño no sufrirá modificaciones en aspectos como número de pistas, curvaturas, paraderos, ciclovías y estándares de seguridad.
Corredores deberían estar operativos a fines de 2031
Los estudios de ingeniería están proyectados para desarrollarse entre 2027 y 2028.
A partir de esas evaluaciones se determinará si ambos corredores avanzarán simultáneamente o si su construcción se dividirá en diferentes etapas.
De Grange explicó que “Cada proyecto, en función de las características geológicas del terreno, puede tener avances un poco distintos, pero el plazo final total es que esté operativo de cara al usuario a finales del año 2031″.
El cronograma representa una modificación respecto de las estimaciones que existían bajo el esquema concesionado.
Anteriormente se proyectaba que las faenas podrían comenzar entre fines de 2027 y principios de 2028.
Según antecedentes recogidos por Diario Financiero, mediante una concesión las obras incluso podrían haber comenzado dentro de aproximadamente 12 meses, mientras que bajo el mecanismo de obra pública el inicio podría demorarse hasta cuatro años.
El medio explicó que “Si los corredores pasan a ejecutarse como obra pública, el Estado tendría que licitar primero la ingeniería de detalle y, posteriormente, la construcción”.
Proyecto mantendría generación de miles de empleos
Pese a la modificación del mecanismo de ejecución, la estimación laboral asociada a las obras continúa vigente.
Se proyecta la creación de alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos durante el desarrollo del proyecto.
En los periodos de mayor intensidad constructiva, la cantidad de trabajadores podría alcanzar aproximadamente las 7.000 personas.
Concesión con Electro-Cointer queda descartada
El cambio también pone término al proceso que contemplaba entregar la iniciativa al consorcio Electro-Cointer.
Según explicó el Ejecutivo, el decreto mediante el cual debía oficializarse la adjudicación nunca llegó a ser firmado, por lo que el proceso de concesión quedó sin efecto.
Proyecto había generado fuerte controversia en el Biobío
La continuidad de los corredores se confirmó después de una semana marcada por cuestionamientos desde la región.
Inicialmente, el Gobierno había informado que el complejo escenario fiscal y los compromisos financieros del Estado impedían avanzar con el proyecto en las condiciones originalmente diseñadas.
La decisión generó críticas desde gremios y autoridades de distintos sectores políticos del Biobío, que reclamaron por la suspensión de una infraestructura esperada durante años para dos rutas que presentan elevados niveles de tránsito.
Finalmente, la administración de José Antonio Kast optó por mantener ambas iniciativas, pero trasladando su financiamiento y conducción directamente al Ministerio de Obras Públicas.
Con este cambio, el Estado pasa a convertirse en el responsable de financiar, coordinar y supervisar los corredores de las rutas 150 y 160, eliminando la figura de una concesionaria privada encargada de administrar la infraestructura durante 25 años.
