Contraloría detecta más de mil beneficiarios irregulares y múltiples fallas en programa ProEmpleo del Biobío
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad, conocido como ProEmpleo, en la Región del Biobío.
Entre los principales hallazgos aparecen 1.044 personas que figuraban como beneficiarias pese a no cumplir con los requisitos establecidos, además de deficiencias en contrataciones, controles de asistencia, rendiciones financieras y selección de participantes.
Los antecedentes forman parte del Informe Final N.º 180 de 2026, que examinó la gestión realizada por la Delegación Presidencial Regional del Biobío en la recepción, administración, ejecución y rendición de los recursos destinados al programa.
Más de mil beneficiarios no cumplían las condiciones exigidas
La revisión determinó que 1.044 participantes presentaban situaciones incompatibles con los requisitos para acceder a ProEmpleo, de acuerdo a lo reseñado por Biobiochile.
Entre los casos detectados había personas que recibían remuneraciones u honorarios provenientes de otras instituciones, mantenían más de un empleador o percibían pensiones superiores a los montos permitidos por la normativa.
La Contraloría también advirtió debilidades en los mecanismos utilizados para incorporar y reemplazar beneficiarios.
No existían procedimientos formalizados para cubrir vacantes
Según el informe, la Delegación no contaba con reglas formalizadas que regularan de manera clara el ingreso de nuevos participantes o la sustitución de quienes abandonaban el programa.
Esta situación permitió que dirigentes sindicales vinculados a ProEmpleo propusieran nombres para ocupar cupos disponibles, pese a que las bases y convenios no les entregaban expresamente esa atribución.
Contraloría detectó vínculos familiares y sindicales
La auditoría identificó que 343 beneficiarios mantenían algún tipo de vínculo con 138 dirigentes sindicales participantes del programa.
A ello se agregaron otros 116 casos en que existían relaciones familiares con personas relacionadas con entidades ejecutoras privadas.
El organismo fiscalizador también encontró lazos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional de ProEmpleo y algunos de sus beneficiarios.
Más de 800 personas trabajaron en colegios sin acreditar idoneidad psicológica
Otro punto observado se relacionó con 813 beneficiarios contratados para desempeñarse en establecimientos educacionales.
En estos casos, la auditoría no encontró antecedentes que permitieran acreditar que contaban con la idoneidad psicológica exigida para determinadas funciones.
La Delegación deberá ahora establecer cuáles de estas personas realizaron efectivamente labores comprendidas en la Ley N.º 19.464, regularizar los casos que continúen vigentes e implementar verificaciones previas para futuras destinaciones.
Nueve beneficiarios salieron del país mientras tenían licencia médica
La Contraloría también detectó situaciones relacionadas con el control de jornadas y ausencias.
En total, 1.692 beneficiarios contaban con autorizaciones de flexibilidad horaria entregadas por las entidades ejecutoras, pese a que no existía un procedimiento formal que estableciera requisitos, condiciones o mecanismos de supervisión.
Detectaron viajes al extranjero durante períodos de licencia
La revisión estableció además que nueve personas registraron salidas de Chile mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.
En paralelo, se identificaron debilidades durante fiscalizaciones efectuadas en terreno.
Quince recintos estaban cerrados al momento de las inspecciones, lo que impidió comprobar la asistencia de 75 beneficiarios.
Otras 33 personas tampoco se encontraban en sus lugares de trabajo y no existía una justificación registrada para sus ausencias.
Convenios fueron ejecutados pese a observaciones de Contraloría
El informe también cuestionó la tramitación administrativa de convenios celebrados con entidades privadas encargadas de ejecutar parte del programa.
En total, 22 convenios comenzaron a ejecutarse a pesar de que sus resoluciones aprobatorias habían sido representadas por la Contraloría durante el proceso de toma de razón.
De ellos, solo siete fueron presentados nuevamente después de haber sido ejecutados y volvieron a recibir observaciones del organismo fiscalizador.
Esto significó que parte de los acuerdos se materializó sin completar adecuadamente el control previo correspondiente.
Rendiciones financieras presentaron nuevas deficiencias
La auditoría observó además problemas en la forma en que se administraban y respaldaban los gastos del programa.
Gran parte de las rendiciones era gestionada mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía toda la información detallada ni la documentación necesaria para respaldar los desembolsos.
Se pagaron bonos de movilización durante licencias médicas
Entre las observaciones financieras figura el pago de bonos de transporte a beneficiarios que se encontraban con licencia médica.
El monto involucrado alcanzó aproximadamente los $4,6 millones.
También se detectaron transferencias superiores a $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios depositados en cuentas pertenecientes a personas naturales, mecanismo que no se ajustaba a la normativa vigente.
Contraloría ordenó iniciar un sumario
A raíz del conjunto de observaciones, el organismo fiscalizador otorgó a la Delegación un plazo de 15 días hábiles para iniciar un procedimiento sumarial destinado a establecer posibles responsabilidades administrativas.
Además, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que determine si los hechos detectados pudieran configurar eventuales ilícitos.
El informe obliga ahora al servicio a corregir los mecanismos de control, selección, supervisión y rendición utilizados en la ejecución del programa ProEmpleo en la Región del Biobío.
Imagen de contexto: Agencia Uno.
